Edición 2501: Jueves, 17 de Agosto de 2017

¿Se Hacen Cargo?

Escribe: Patricia Salinas O: | Después de un año y medio una resolución judicial que puede marcar jurisprudencia favorece a una periodista que se negó a leer publicidad en medio de las noticias.

El 22 de octubre del 2015 Perla Berríos y Melissa Peschiera dejaron de aparecer, de un día para otro, como conductoras del noticiero 90 Matinal de Latina. Inmediatamente se desató un escándalo en las redes sociales porque Perla se encontraba con siete meses de gestación y, aún así, la sacaron de su puesto.

Sin embargo lo más escandaloso, en realidad, fueron las razones por las que ambas periodistas fueron separadas del noticiero: negarse a leer publicidad en medio del informativo. Sí, anuncios en favor de empresas privadas y también de estatales, anuncios contratados que exigían a los periodistas leer entre noticia y noticia, sin decir que se trataba de una publicidad, algo que suelen hacer en varios programas y que he comentado muchas veces en esta columna como algo que atenta contra la credibilidad, no solo de los noticieros, sino de los periodistas que aceptan esa confusa situación.

Los argumentos de Perla Berríos fueron claros: ella era periodista y no tenía por qué entregar su imagen a dichas empresas contratantes de publicidad por una cuestión ética, de imagen y de ejercicio profesional. La empresa se lo exigió y, pese a sus intentos por hacer entender su posición a distintas gerencias, no tuvieron más respuesta que decirle que estaba perjudicando los intereses comerciales del canal.

“Era una situación muy incómoda. Lo hice unas dos o tres veces, pero sentía que iba contra mi ética disfrazar una publicidad de información”, recuerda la periodista y agrega: “cuando dije no más, Augusto Álvarez Rodrich, Gerente de Informaciones en ese momento, me dijo que entonces me tendría que sacar del noticiero. Y después un día me informó que ya no era necesario que vaya a trabajar, sin más explicaciones”.

Luego todo reventó por las redes sociales y meses después (ya cuando había dado a luz), Perla acudió al Poder Judicial demandándolos por hostigamiento. La buena noticia es que luego de más de un año la justicia ha fallado a su favor en primera instancia con argumentos que, sin duda, marcarán jurisprudencia, porque además están basados en una sentencia del Tribunal Constitucional.

La sentencia dice, entre otras muchas cosas, que “el tenor del contrato de trabajo suscrito entre las partes no se desprende de ninguna de sus cláusulas que la actora tenga como obligación emitir anuncios publicitarios de terceros, menos al momento de desempeñarse ya sea como reportera o conductora de los programas periodísticos; por lo tanto, la libertad de empresa de la demandada, la misma que se encuentra prevista en el artículo 9° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, de querer modificar sustancialmente el objeto de contratación de la actora, transgrediría la dignidad de la actora implicando actos contra la moral, dado que esta fue contratada para difundir información periodística y no para anunciar publicidad de terceros”.

En otra parte, el documento señala que “Constituye una inobservancia a este principio difundir publicidad encubierta bajo la apariencia de noticias, opiniones periodísticas o material recreativo, sin advertir de manera clara su naturaleza publicitaria. Es decir, sin consignar expresa y destacadamente que se trata de un publirreportaje o anuncio contratado”, algo que he repetido varias veces en esta columna.

Se trata pues de una resolución judicial excelente para todos los periodistas que respeten la profesión y no tengan alma de mercachifles (digamos que ya no hay pretexto, la ley nos protege de ir contra nuestros principios y nuestra ética ante las exigencias “comerciales” de algún gerente desubicado). Pero la pregunta es, ¿cómo ha reaccionado Latina? ¿Se ha hecho cargo, como dice su nuevo eslogan? ¿Ha aceptado la sentencia? ¡No, señores y señoras! ¡Ha apelado! No reconocen su error, ni entienden que han atentado contra la dignidad de una periodista. No se hicieron cargo entonces, frente a una mujer con siete meses de embarazo (algo que ni siquiera ha resaltado el juez en su sentencia), ni se hacen cargo ahora.    

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